La educación ambiental se ha constituido como una política pública del Poder Ejecutivo tanto a escala nacional como provincial, fundamentalmente a partir de la sanción de dos leyes nacionales como lo son la Ley 27.592, también conocida como Ley Yolanda, y la Ley 27.621 de Educación Ambiental Integral.
Tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en cambio climático, para funcionarios públicos.
Diseñada para formar a los jóvenes de forma integral abordando la dimensión social, la ecológica, la política y la económica, promoviendo una nueva forma de habitar nuestra casa común.
La Ley de Educación Ambiental Integral tiene por objeto establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución de la Nación y de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley General del Ambiente 25675; el artículo 89 de la Ley de Educación Nacional 26206 y demás leyes, tratados y acuerdos internacionales en la materia.
La Ley 27.592 Yolanda establece la capacitación obligatoria para los tres poderes del Estado, la misma es de carácter obligatorio y atiende a las temáticas del cambio climático, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, la eficiencia energética, las energías renovables, la economía circular y el desarrollo sostenible, en conjunto con la normativa ambiental vigente.
Personas capacitadas en los tres poderes del Estado nacional.
